La ONG Human Right Watch (HRW) denunció este jueves que el desplazamiento forzado de palestinos durante las operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército israelí en tres campamentos de refugiados de Cisjordania desde el pasado mes de enero «constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», motivo por el que reclamó que los responsables rindan cuentas.

«Las autoridades israelíes desalojaron a principios de 2025 a 32.000 palestinos de sus casas en los campos de refugiados de Cisjordania sin tener en cuenta las protecciones legales internacionales y no les han permitido regresar«, afirmó la investigadora senior de los derechos de los migrantes y refugiados de HRW, Nadia Hardman.

«Con la atención global centrada en Gaza, las fuerzas israelíes han perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y una limpieza étnica en Cisjordania, lo que debe ser investigado y por lo que se deben abrir procesos judiciales», sostuvo.

En este sentido, afirmó que «la escalada de abusos» cometida por Israel en Cisjordania «pone de manifiesto por qué los gobiernos, a pesar del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, deben actuar con urgencia para impedir que las autoridades israelíes intensifiquen la represión contra los palestinos«.

La ONG instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que ponga fin a sus políticas represivas y a imponer un embargo de armas, así como suspender acuerdos comerciales con Israel, prohibir el comercio con los asentamientos ilegales y hacer cumplir las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI), dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

El informe, de 105 páginas, ofrece detalles sobre la llamada operación ‘Muro de Hierro’ del Ejército israelí, una serie de operaciones militares llevadas a cabo en los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams que comenzaron el pasado 21 de enero, días después de que se anunciara un alto el fuego temporal en el enclave palestino.

La ONG ha entrevistado a 31 palestinos desplazados de tres campamentos distintos, mientras que también ha analizado imágenes satelitales y órdenes de demolición del Ejército que certifican la «destrucción generalizada» en la zona. Los investigadores también han revisado imágenes y vídeos de las operaciones.

El informe detalla que las fuerzas israelíes irrumpieron en el campamento de refugiados de Yenín el 21 de enero con un importante despliegue de helicópteros Apache, drones, excavadoras y vehículos blindados, y que llevaron a cabo numerosas demoliciones de viviendas, un escenario que se repitió el 27 de enero en Tulkarem y el 9 de febrero en Nur Shams.

La ONG alegó que el Ejército no proporcionó refugio o asistencia humanitaria a los residentes desplazados, muchos de los cuales tuvieron que quedarse temporalmente en casas de conocidos y amigos, así como en mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas.

«Era como el escenario de una película. Algunos llevaban máscaras y portaban todo tipo de armas. Uno de los soldados dijo: ‘Aquí ya no tienes casa. Tienes que marcharte’«, relata a HRW una mujer de 54 años testigo de las operaciones del Ejército.

Según las imágenes satelitales analizadas por HRW, más de 850 viviendas han sido destruidas o dañadas en los tres campos seis meses después de empezar las operaciones. Otra evaluación del Centro de Satélites de Naciones Unidas realizada en octubre de 2025 determinó que un total de 1.460 edificios resultaron daños en Yenín, Tulkarem y Nur Shams, incluyendo 652 con daños moderados.

Los militares israelíes han demolido y despejado espacios para, aparentemente, facilitar rutas de acceso más amplias dentro de los propios campamentos, a la par que han bloqueado todas las entradas y han impedido a los residentes regresar.

La ONG pidió una investigación contra altos funcionarios israelíes, incluido Netanyahu, por las operaciones llevadas a cabo por el Ejército en los campamentos de refugiados, y ha instado a los gobiernos a «imponer sanciones» contra los responsables implicados en «graves abusos» cometidos en los territorios palestinos ocupados.

La ONG señaló como principales responsables de estas operaciones al actual jefe del Comando Central, Avi Bluth, así como al ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Herzi Halevi y a su sucesor, Eyal Zamir.

Human Right Watch también pidió una investigación contra el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, y el actual titular de Defensa, Israel Katz.

La organización no gubernamental recordó que el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, aplicable en los territorios palestinos ocupados, prohíbe el desplazamiento de civiles, salvo temporalmente por razones militares imperativas o para la seguridad de la población.

En virtud de dicha legislación internacional, los desplazados tienen derecho a protección y a un alojamiento adecuado. Asimismo, la «potencia ocupante» debe garantizar el retorno de las personas desplazadas tan pronto como cesen las hostilidades en la zona.

HRW determinó en su extenso informe que las autoridades israelíes no han hecho «ningún intento evidente por demostrar que su única opción viable era la expulsión total de la población para lograr sus objetivos ni por qué ha prohibido el regreso de los residentes».

Las redadas, reiteró la ONG, se llevaron a cabo mientras el foco estaba puesto en la Franja de Gaza, donde las autoridades israelíes han cometido «crímenes de guerra», «limpieza étnica» y «crímenes contra la humanidad», incluyendo «desplazamiento forzado y «exterminio y actos de genocidio».

Además, desde el inicio de la ofensiva en el enclave palestino, las autoridades israelíes han intensificado el uso de la detención administrativa sin cargos ni juicio y la construcción de asentamientos ilegales, mientras que se ha intensificado la violencia por parte de los colonos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) estableció los tres campamentos a principios de la década de 1950 para albergar a los palestinos que fueron expulsados e sus hogares o se vieron obligados a huir tras la creación del Estado de Israel en 1948.

(Imagen referencial: Majdi Mohammed/AP Photo/picture alliance)

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Un hombre fue detenido por acosar en la vía pública a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando paseaba por el centro histórico de Ciudad de México y saludaba a varias personas. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó por detrás de la Mandataria y estableció contacto físico antes de ser apartado por la seguridad.

El sujeto, que al parecer estaba drogado y ebrio, abrazó de forma lateral a la Presidenta, aproximó su cara al lado izquierdo de la de Sheinbaum y, tras ello, colocó brevemente las manos en su torso, cuando al fin uno de los escoltas intervino para separarlo y contenerlo ante un nuevo intento, en el que también se dirigió verbalmente a ella, aunque de manera ininteligible, en imágenes difundidas en redes sociales y cotejadas por Europa Press.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México repudió los hechos, en un comunicado difundido en la red social Facebook, donde ha lamentado que «ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual» en el país latinoamericano.

«La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin (su) consentimiento», reclamó la entidad, que subrayó que «es fundamental que los hombres comprendan que este tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito».

El organismo animó a las víctimas a denunciar este tipo de violencia «para alcanzar la justicia y abonar a un cambio cultural» que «también pasa por la forma en que es abordada desde los medios de comunicación».

«¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!», concluyó la institución gubernamental en una nota en la que pidió respeto como «la primera forma de cuidado» para la mandataria mexicana.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual.

A este respecto, Ciudad de México es la segundo área geográfica con mayor número de casos, solo por detrás de Estado de México, que rodea la práctica totalidad de la capital nacional.

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El equipo legal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023), condenado por intento de golpe de Estado y otros cargos a más de 27 años de prisión, ha cuestionado la sentencia del Tribunal Supremo Federal (STF) y ha pedido una reducción de la condena, aludiendo al voto discordante del magistrado Luiz Fux, quien esgrimió que el exmandatario abandonó voluntariamente la trama golpista en sus argumentos contra el dictamen final.

«El voto disidente, por lo tanto, confirma la plausibilidad dogmática de la tesis de la defensa, reforzando que, de haberse iniciado la ejecución (del intento de golpe), el apelante interrumpió deliberadamente el curso de los acontecimientos, lo que caracteriza un desistimiento voluntario», ha afirmado la defensa de Bolsonaro en el recurso presentado, que ha recogido el diario ‘Folha’.

Los abogados del reo argumentan que, «al no abordar esto» los otros cuatro jueces de la Primera Sala del STF, «la sentencia incurre en una omisión significativa y grave, violando el deber constitucional de justificación».

Esgrimiendo, en suma, hasta ocho supuestas omisiones o contradicciones en la sentencia, la defensa del expresidente ha alegado que la condena y la pena impuestas a Bolsonaro son «profundamente injustas» y se derivan de «contradicciones y omisiones significativas entre las premisas adoptadas, las pruebas presentadas en el fallo y las conclusiones que se pretenden extraer de ellas».

«Los hechos alegados son graves y este caso constituye un caso penal histórico», reconocen los abogados, que, sin embargo, argumentan que «las contradicciones y omisiones detalladas demuestran, ante todo, la injusticia de la condena del apelante».

Asimismo, el equipo legal del exmandatario ha argumentado que la acusación de la Fiscalía, que, según ellos, otorga el mismo objetivo al delito de abolición del Estado de derecho -uno de los cargos que figura en la sentencia- y al de golpe de Estado, por lo que éste último debería absorber el anterior. De este modo, la pena de prisión podría ser reducida en más de seis años.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión acusado de liderar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Asimismo, la sentencia acoge también la inhabilitación del expresidente para ejercer el cargo hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no haber reducciones de la condena, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.

Ayer lunes era el último día para la presentación de solicitudes de aclaración -el documento presentado por la defensa de Bolsonaro-, un tipo de recurso que se utiliza cuando existe alguna imprecisión, contradicción u omisión en la decisión. Aunque no tiene capacidad para altera el sentido de la sentencia, puede cuestionarla e incluso reducir la condena de los acusados.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que va a «hacer grande» la ciudad de San Francisco con un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad como los de la Guardia Nacional en Chicago y Portland o, anteriormente, en Washington y Los Ángeles, en el marco de su agresiva campaña para implementar las estrictas políticas migratorias de su Gobierno y «expulsar a criminales».

«Iremos a San Francisco», ha anunciado en una entrevista para la cadena Fox News en la que ha defendido que «era realmente una de las grandes ciudades del mundo», pero «hace 15 años se torció, se volvió ‘woke'».

Trump ha comparado el anunciado despliegue sobre San Francisco con los realizados en Washington y Chicago, donde, pese a las manifestaciones en su contra, ha afirmado que «la gente nos quiere», en referencia a los agentes desplegados por su Administración, y ha destacado la supuesta presencia de «hermosas mujeres negras con gorras de MAGA (Make America Great Again) por toda la ciudad».

Asimismo, ha ensalzado los efectos de su movilización de fuerzas en la capital del país, donde ha asegurado haber expulsado a «1.700 delincuentes profesionales y criminales de otros países». Para el inquilino de la Casa Blanca, Washington era antes de su intervención «una trampa mortal», mientras que ahora «es la ciudad más segura del país» y hasta «el césped crece bien».

En esta línea, el mandatario republicano ha lamentado que las «ciudades que están gobernadas exclusivamente por demócratas son prácticamente inseguras, son un desastre». «Estas ciudades tienen que ser seguras», ha reclamado, antes de prometer que va «a salvarlas».

Sus declaraciones, con todo, han llegado como respuesta a una pregunta acerca de los impedimentos judiciales que están teniendo los recortes de su Gobierno durante el cierre forzado por el estancamiento en el Senado de la legislación que permitiría reanudar la financiación de la Administración.

De cualquier manera, Trump ha estimado que «lo que está pasando con los jueces es terrible», en un contexto en el que también los distintos intentos de federalización y despliegue de la Guardia Nacional de múltiples estados en ciudades gobernadas por políticos electos demócratas.

«Pero no lo olviden, puedo usar la Ley de Insurrección», ha advertido una vez más, tras aludir a la posibilidad de invocar la norma este mismo mes, en referencia a Chicago, o también el pasado mes de junio, cuando desplegó a la Guardia Nacional en Los Ángeles ante las protestas contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El mandatario ha subrayado que «ese es un poder indiscutible» que «casi el 50 por ciento de los presidentes han usado». «Elijo no hacerlo, prefiero hacer esto», ha aclarado, en alusión a su estrategia actual.

Sus declaraciones han llegado tras un fin de semana de protestas bajo el lema ‘No Kings’ (Sin Reyes) en las que cerca de siete millones de estadounidenses han salido a las calles de 2.700 puntos del país, clamando contra la «coronación» de Donald Trump y mostrando su rechazo a la militarización de las ciudades así como a la política migratoria del inquilino de la Casa Blanca.

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El expresidente de Estados Unidos Joe Biden ha aplaudido este martes el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza tras más de dos años de ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha felicitado al actual mandatario, Donald Trump, por su trabajo a la hora de lograrlo, al tiempo que ha defendido las labores de su Gobierno para intentar lograr «el fin de la guerra».

«Estoy profundamente agradecido y aliviado por el hecho de que este día haya llegado, por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas«, ha señalado a través de un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha resaltado que «el camino hacia este acuerdo no fue fácil» y ha asegurado que su Administración «trabajó de forma incansable para lograr la vuelta de los rehenes, entregar ayuda a lo civiles palestinos y poner fin a la guerra». «Felicito al presidente Trump y su equipo por su trabajo para llevar un acuerdo de un renovado alto el fuego a la línea de meta», ha sostenido.

«Ahora, con el apoyo de Estados Unidos y el mundo, Oriente Próximo está en un camino hacia la paz que espero que dure y hacia un futuro para israelíes y palestinos con iguales medidas de paz, dignidad y seguridad», ha zanjado, tras el inicio de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja de Gaza, que ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes y cientos de palestinos encarcelados en Israel.

Los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según el Gobierno de Israel, llevaron al Ejército israelí a desatar una cruenta ofensiva contra Gaza que ha dejado hasta la fecha cerca de 67.900 muertos y más de 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó su plan de paz para la Franja de Gaza como el «amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo» y ha animado a Irán a unirse a él, pero con la advertencia de que aquellos que intenten destruir a Israel están condenados a un «amargo fracaso».

«Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de paz y prosperidad para todo Oriente Próximo», ha expresado Trump hoy lunes durante su intervención ante una Knesset (Parlamento israelí) rendida al presidente estadounidense, quien ha sido recibido bajo una larga y fuerte ovación.

«Juntos hemos demostrado que la paz no es sólo una esperanza con la que podemos soñar, es una realidad sobre la que podemos construir», ha dicho Trump, quien ha destacado el papel de los países árabes en este proceso. «Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas», ha valorado.

«Este es un momento muy emocionante para Israel y para Oriente Próximo porque nos encontramos en medio de una nueva era. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora se encuentran debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas», ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Trump ha instado a los países de la región a dejar atrás sus históricas rencillas y a comportarse de manera «responsable y productiva» para el bien de Oriente Próximo. «Dentro de varias generaciones, este será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar», ha afirmado.

«Desde Gaza hasta Irán, esos odios amargos solo han traído miseria, sufrimiento y fracaso», ha dicho el presidente de Estados Unidos, quien ha tendido una «mano de amistad» a Teherán, aunque con la advertencia de que los intentos de «destruir» a Israel están condenados al fracaso.

«Incluso con Irán (…) la mano de la amistad y la cooperación está abierta», ha afirmado el presidente de Estados Unidos, quien se ha mostrado convencido de que Teherán quiere «llegar a un acuerdo» y «será la mejor decisión que haya tomado jamás», si decide dar el paso de sentarse a hablar con Washington.

SEGURIDAD DE ISRAEL Y FUTURO DE GAZA

«Israel es fuerte, vivirá y prosperará para siempre», ha dicho Trump, quien también ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y los familiares del 7 de octubre de 2023. «Sepan que Estados Unidos se une a ustedes» y «nunca olvidará», ha manifestado en medio de una nueva ovación.

Trump ha afirmado que «Hamás será desarmado y la seguridad de Israel ya no se verá amenazada de ninguna manera». Con la ayuda de Estados Unidos, ha subrayado, «ha ganado todo lo que podía por la fuerza de las armas».

«Ahora por fin, no sólo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, las largas y dolorosas pesadillas de la guerra están llegando a su fin. La pesadilla ha acabado«, ha dicho Trump, quien ha tenido también palabras de elogio para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su patriotismo.

Trump también ha centrado parte de su discurso en destacar la histórica alianza entre Estados Unidos e Israel. «Hemos enfrentado el mal juntos y hemos logrado la paz juntos», ha dicho ante la Knesset, que ha coreado su nombre en la presentación que ha hecho el presidente, Amir Ohana, que no ha escatimado halagos hacia él.

«Necesitamos más Trump», ha llegado a decir Ohana antes de que éste y el primer ministro Netanyahu tomaran la palabra. El presidente de la Knesset ha anunciado que promoverán en todo el mundo su candidatura para el Nobel de la Paz del año que viene. «No hay nadie que lo merezca más», ha afirmado.

A los habitantes de la Franja de Gaza, Trump les ha recomendado que centren sus esfuerzos en restaurar «la estabilidad, la seguridad, la dignidad y el desarrollo económico» del territorio palestino y así ofrecer «la vida mejor que sus hijos merecen». Un proceso en el que, ha dicho, tiene la intención de participar.

La primera parte de su intervención ha estado marcada también por la expulsión de los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, quienes han pedido a Trump que reconozca el Estado palestino. «Han sido eficientes», ha bromeado el presidente de Estados Unidos cuando los han desalojado rápidamente.

Odeh ha escrito en X que ha sido expulsado por plantear una demanda «con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo», el reconocimiento de Palestina.

PIDE EL INDULTO PARA NETANYAHU

Donald Trump también se ha dirigido hacia el presidente de Israel, Isaac Herzog, para pedir el indulto para Netanyahu, acusado por posible corrupción en relación a unos regalos que habría recibido y que el jefe de la Casa Blanca ha minimizado.

«Señor presidente, ¿por qué no le concede un indulto?», se ha preguntado Trump. «Puros y champán, ¿a quién le importa?», ha continuado el mandatario estadounidense en medio de los aplausos de la cámara.

Trump ha llegado este lunes a Israel, donde se ha reunido con las autoridades israelíes, así como con un grupo de familiares de las víctimas del 7 de octubre, antes de desplazarse hasta la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para escenificar la firma de su plan para Gaza ante una veintena de líderes internacionales.

Como parte del plan, Hamás ha soltado a los 20 rehenes que seguían con vida más de dos años después, mientras que el traslado de lo 28 cadáveres se irá produciendo de manera paulatina durante los próximos días. En respuesta, Israel liberará a lo largo de este lunes cerca de 2.000 presos palestinos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que tanto el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ambos del Partido Demócrata, «deberían estar en la cárcel» por no «proteger» a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Así lo ha reclamado Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social, en pleno pulso entre las distintas administraciones por la orden dada desde la Casa Blanca para desplegar fuerzas federales en las calles de Chicago, que ha motivado ya un recurso ante los tribunales.

Trump, que sigue la línea emprendida ya en otras ciudades gobernadas por la oposición, alega que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad, mientras que las autoridades locales sostienen que la Administración central se extralimita en sus competencias.

El Gobierno federal ha intensificado además las redadas migratorias, lo que ha llevado al alcalde de Chicago a decretar «zonas libres de ICE», para impedir que los agentes de este organismos puedan servirse de propiedades municipales para llevar a cabo sus operaciones.

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