La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ofició a la Municipalidad de Torres del Paine y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que informen respecto de medidas que se implementaron previamente al fallecimiento de cinco turistas dentro del parque nacional.

Este jueves se enviaron los requerimientos con el objetivo de que ambas instituciones informen sobre tres ámbitos críticos:

• Las acciones adoptadas para controlar el acceso, la circulación y la seguridad al interior del parque.
• Las medidas de fiscalización de actividades y excursiones realizadas por grupos de turistas dentro de la comuna.
• Los mecanismos para asegurar que los guías turísticos que operan en la zona cuenten con conocimientos geográficos y climáticos adecuados para operar en el territorio.

Tanto Conaf como la Municipalidad de Torres del Paine, disponen de 15 días hábiles para responder al requerimiento, en una indagatoria que busca establecer responsabilidades administrativas y evaluar también si existieron fallas preventivas en la gestión del parque.

La acción del organismo fiscalizador ocurre en medio de crecientes cuestionamientos por los protocolos de seguridad y supervisión vigentes en una de las rutas más complejas del parque, donde se produjo la tragedia.

(Imagen: @guilleq)

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Un investigación conjunta entre Gendarmería, la PDI y la Fiscalía Regional de Tarapacá contra el narcotráfico en la cárcel de Alto Hospicio, culminó este miércoles en la mañana con 19 personas detenidas, 12 de ellas gendarmes.

Al respecto, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó que se trata de una banda «dedicada al tráfico ilícito de droga como delito principal, al interior del Centro de Detención de Alto Hospicio».

“Hoy se detuvieron a 19 personas, 12 de ellos son gendarmes, y vamos a pasarlos a control de detención por los delitos ya referidos para luego obviamente pedir su prisión preventiva si en los casos lo ameritan”, añadió.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, declaró que “estamos efectuando día a día una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina de la institución, desarrollamos labores de investigación criminal y de inteligencia cotidianamente”.

En tanto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, afirmó que “se ha dado un golpe profundo a la corrupción y al crimen organizado que acechan a Gendarmería de Chile”.

“Aquí nosotros vamos a ser duros contra la corrupción, tolerancia cero con los corruptos que enlodan a la institución de Gendarmería y también vamos a limpiar de malos elementos a Gendarmería de Chile. Ese es el encargo del Ministro de Justicia, es el encargo también del Director Nacional y hoy día desde Tarapacá estamos dando un paso importante en esa dirección”, enfatizó.

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El Tribunal Oral Penal de La Serena condenó al venezolano C.T.A.L. a la pena de 20 años de presidio efectivo por el homicidio calificado del médico Nicolás Andrés Pinochet García, crimen cometido el 9 de julio de 2024 que causó conmoción en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 1:30 horas de ese día, en un sitio eriazo ubicado en la ruta 5 Norte, frente a una estación de servicio, en la comuna de La Serena, C.T.A.L. junto a otro individuo, «actuando conjuntamente con el fin de darle muerte a la víctima y aumentar deliberadamente el mal causado, lo lesionaron con un elemento contuso en la zona genital y posteriormente con una piedra de gran dimensión en la cabeza, causándole la muerte por un traumatismo craneoencefálico. Antes de retirarse del lugar, dejaron el cuerpo de la víctima atada de pies entre unos matorrales a un costado de un ruco».

“Así las cosas, la conducta típica del delito de homicidio, compuesta por la acción de matar, resultó suficientemente probada con la prueba rendida ya ponderada en los párrafos precedentes y cuyo grado de ejecución –atendida la realización íntegra de la conducta típica– es de consumado”, añade la sentencia.

“Pero aún más, las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima excedieron con creces la simple figura del homicidio –que de por sí es uno de los delitos más gravosos– ello dado que, además, se tuvieron por configuradas las circunstancias primera y cuarta, esto es, el obrar sobre seguro gestado y buscado por los agentes, así como el aumento inhumano y deliberado del dolor causado al ofendido”, agrega.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación al registro nacional de ADN de condenados.

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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló tres cargos a la planta faenadora Agrosuper Lo Miranda, localizada en la comuna de Doñihue, Región de O’Higgins, debido a incumplimientos ambientales, principalmente por malos olores y emisión de ruidos. Arriesga una multa de $5.818 millones.

Se trata de una faenadora de aves y de cerdos, con una zona de frigorífico, una planta rendering, un sistema de tratamiento primario y secundario de residuos industriales líquidos (riles) y una planta de biomasa.

Este caso, según informó la SMA, tiene como origen 38 denuncias vinculadas a malos olores provenientes del rendering (reciclaje) y del biodigestor del proyecto, así como también ruidos molestos por el funcionamiento de la faenadora.

En base a los antecedentes recopilados, la SMA formuló un cargo grave y dos cargos leves contra el titular del proyecto.

El primer cargo se sustenta porque la empresa no dio cumplimiento del plan de gestión de olores, en tanto, no se efectuó informe de análisis de causas ni se entregó respuesta a los vecinos respecto de reclamos recibidos en materia de generación de olores y ruidos. Infracción que fue clasificada como grave.

La segunda infracción fue imputada por incumplimiento del compromiso ambiental voluntario consistente en la actualización y mejora de la señalética al exterior de la planta faenadora, infracción que fue clasificada como leve.

Por último, la tercera infracción se justifica por ruidos efectuados en horario nocturno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona Rural y Zona II respectivamente, infracción que fue clasificada como leve.

Al respecto, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “la afectación por olores es un tema especialmente sensible en esta región que cuenta con plantas de este tipo instaladas en distintas zonas, los que son fiscalizados por la SMA.

Añadió que «sumado a esta materia, la investigación constató una contaminación acústica generada por esta feanadora. Por esta razón, es importante recordarles a los titulares de estos proyectos que deben disponer y respetar los instrumentos de gestión ambiental exigidos para su funcionamiento».

La SMA explicó que una infracción leve puede ser objeto de hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), mientras que una grave puede finalizar en multas de hasta 5.000 UTA, clausura o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. Así, en total el titular del proyecto arriesga una sanción de hasta 7.000 UTA, equivalente a más $5.818 millones.

Finalmente, la empresa Faenadora Lo Miranda Limitada, titular de la planta Agrosuper, tiene un plazo extendido de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, tras la notificación.

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El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén dejó en prisión preventiva a L.A.L.F., imputado como autor de los delitos de homicidio simple, ultraje de cadáver, ocupación ilegal de inmueble, usurpación de identidad y estafa, cometidos entre fines de septiembre y el viernes pasado en la ciudad.

En la audiencia de formalización, el magistrado Rodrigo Grez Torres ordenó el ingreso del sujeto al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al considerar que sulibertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según expuso la Fiscalía, a fines de septiembre de 2025, el imputado dio muerte a P.R.E.S., dueño del inmueble donde residía. Con el propósito de ocultar el crimen y asegurar su impunidad, descuartizó e incineró el cuerpo en una estufa a leña, utilizando para ello herramientas y elementos acelerantes, tales como bencina y pinturas.

Tras dar muerte a la víctima, el sujeto se mantuvo ocupando ilegalmente la vivienda y ofreció en arriendo habitaciones de la casa principal y dos departamentos aledaños, haciéndose pasar por su verdadero dueño. Ardid que le permitió engañar a un arrendatario, quien le pagó $250.000.

L.A.L.F. fue detenido alrededor de las 14:00 horas del 10 de octubre de 2025, por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quien llegaron hasta el domicilio en cumplimiento en las diligencias ordenadas ante la denuncia por presunta desgracia presentada por un hijo de la víctima.

(Imagen referencial)

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Carabineros de la Prefectura Iquique incautaron más de 1.400 millones de pesos en cigarrillos de contrabando que se encontraban al interior de un container sobre la rampla de un camión.

El procedimiento policial inició cerca de las 02:15 horas de la madrugada del sábado, cuando Carabineros recibió una denuncia al nivel 133, donde testigos indicaban que habían escuchado disparos en la vía pública.

Fue así como funcionarios de la 3ra. Comisaría de Alto Hospicio se trasladaron inmediatamente hasta el camino Cerro Tarapacá, y al llegar al lugar se percataron de la existencia de un camión que en la parte superior de su rampla mantenía un container con sus puertas abiertas y con la mitad de su capacidad ocupada con cajas contenedoras de cigarrillos de contrabando.

El vehículo de carga se encontraba al exterior de un galpón, en el que también se pudo verificar la existencia de cajas con cigarros ilegales, como también 2 vehículos en su interior.

Al realizar la inspección perimetral del lugar, se pudo apreciar la existencia de evidencia balística e indicios de impactos de disparos en otro galpón colindante, sin encontrar personas lesionadas.

La carga incautada asciende a 1.032 cajas que contenían 51.600 cartones de cigarros de contrabando, lo que tiene un avalúo de más de 1.444 millones de pesos. Además, decomisó el camión y 3 vehículos, todos sin encargo.

La Fiscalía dispuso el trabajo especializado de OS-9, SEBV y Labocar para continuar con las diligencias investigativas.

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Un hombre intentó quemar a su pareja en el sector de El Manzano, en la comuna de Pelarco. La mujer, de 26 años, se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Talca, en la región del Maule. La agresión habría ocurrido el día lunes y fue la hija de ambos, de apenas 3 años, quien habría alertado al abuelo sobre la agresión.

Según informa Radio Bío Bío, la víctima recibió la primera atención en un centro de salud de la misma comuna, hasta donde fue trasladada en un vehículo particular. Posteriormente, fue derivada al principal hospital de la región para recibir tratamiento por las severas quemaduras que sufrió en el ataque.

La directora regional de SernamEG Maule, Ana Cecilia Retamal, explicó que “inmediatamente cuando nos enteramos de los hechos, nos pusimos a disposición de la familia y activamos el Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF) para brindar contención y apoyo en todo lo que sea necesario”, según consignó el sitio En Línea Maule.

Retamal precisó que la víctima es madre de dos niñas, una de ellas en común con el hombre detenido. “Podremos incorporarnos como querellantes en esta causa si la familia así lo estima conveniente”, añadió la autoridad.

La directora regional confirmó que ya hubo acercamientos con el padre de la mujer agredida, quien aceptó el acompañamiento psicológico y jurídico que ofrece el Servicio. El apoyo se extiende al núcleo familiar afectado por la gravedad de los hechos, sostuvo la titular del SernamEG Maule.

Carabineros detuvo al presunto agresor y lo presentó ante el Juzgado de Garantía de Talca. El tribunal amplió la detención del imputado hasta el miércoles 15 a las 10:15 horas, a la espera de que el Ministerio Público recabe nuevos antecedentes para la investigación.

El CIF, anunciado por la directora regional de SernamEG Maule, es un dispositivo que coordina la intervención de diversas instituciones del Estado cuando se registran casos de violencia extrema.

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El conductor de un camión y una mujer que viajaba en un vehículo de escolta resultaron heridos a balazos en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, producto de un ataque con armas de fuego de desconocidos. Los agresores quemaron la camioneta en que se movilizaban, la que tenía encargo por robo, y se dieron a la fuga.

Los hechos ocurrieron en el sector de cruce Pidima con la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 600, donde sujetos dispararon contra un camión, impactando en su estructura. El conductor resultó con heridas leves por esquirlas del parabrisas.

Sin embargo, la copiloto de una camioneta de escolta del camión, que también fue atacada por los desconocidos, sufrió impactos de bala en su pierna derecha e ingle, por lo que fue trasladada al Hospital Victoria en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

Un tercer vehículo que circulaba por el lugar también recibió impactos, aunque sin heridos, por lo que se dirigió a la Comisaría de Carabineros de Collipulli.

En tanto, la camioneta quemada por los antisociales registra encargo por el delito de robo con intimidación desde noviembre del año pasado.

El general Miguel Herrera, jefe de zona Araucanía de Carabineros indicó que «dentro de la dinámica que viene ocurriendo en la zona, se trataría de una acción de amedrentamiento en contra de las personas y en contra de Carabineros«.

«La idea final de atacar los camiones es provocar un corte de la ruta, lo cual consiguieron en forma momentánea, no por el camión precisamente, sino por el incendio del vehículo menor,. También dejaron pancartas alusivas a la causa (mapuche) y en eso están trabajando los equipos especializados«, sentenció el oficial.

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El Juzgado de Garantía de Talca programó para el lunes 24 de noviembre, a las 9.00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral contra el desaforado diputado Francisco Pulgar. El parlamentario enfrenta cargos por violación y abuso sexual reiterado de una menor de 14 años, delitos por los cuales fue formalizado en febrero de este año.

Según publica La Tercera, Pulgar, actual candidato independiente al Senado por la Región del Maule, estuvo en prisión preventiva hasta junio, cuando el tribunal sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario total.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en mayo de 2021 por una mujer ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2014, cuando la víctima era menor de edad. El 18 de junio de ese mismo año, la denunciante interpuso una querella contra el parlamentario.

El 23 de octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero de Pulgar en fallo unánime, al considerar que existían antecedentes suficientes para iniciar una causa judicial. La resolución fue confirmada por la Corte Suprema en diciembre, también de forma unánime.

En febrero de 2025, el tribunal acreditó preliminarmente la participación de Pulgar en los hechos imputados y ordenó su reclusión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, al estimar que su libertad representaba un peligro para la sociedad y para la víctima. En junio, el tribunal acogió una solicitud de la defensa y modificó la medida cautelar a arresto domiciliario total.

FISCALÍA PIDE 12 AÑOS DE PRESIDIO

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, confirmó el pasado viernes el cierre de la investigación y la presentación de la acusación contra Pulgar.

La Fiscalía solicita una pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, además de las penas accesorias contempladas en el artículo 28 del Código Penal: “La inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.

DEFENSA Y DENUNCIAS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA

Tres días después de la acusación, Pulgar reiteró su inocencia y sostuvo que la investigación penal tendría motivaciones políticas.

El parlamentario denunció “intervencionismo” en la carrera senatorial en la región, aludiendo a los cuestionamientos que la senadora Ximena Rincón hizo al Partido Socialista por su fallida candidatura.

Pulgar también mencionó la relación entre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, militante del PS.

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El Tribunal Oral Penal de Punta Arenas sentenció al biólogo chileno Jorge Eugenio Gallardo Cerda a la pena de 300 días de presidio efectivo por la violación de una científica francesa, cometida en febrero de 2019 en las islas Shetland del Sur, en Territorio Antártico Chileno.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los jueces Guillermo Cádiz Vatcky (presidente) y César Millanao Andaur (redactor)– tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de Gallardo Cerda.

El tribunal dio por establecido más allá de toda duda razonable, que en horas de la mañana del 24 de febrero de 2019, “la víctima se encontraba en una expedición científica en el territorio antártico chileno, específicamente en la península Byers, al extremo oeste de la isla Livingston, en las islas Shetland, junto a otros tres compañeros de trabajo, también científicos, entre ellos el imputado, quien la accedió carnalmente vía vaginal, en una oportunidad».

«Posterior a esta conducta, la victima resultó con aflicción emocional inmediata, decidiendo salir de la carpa y caminar en soledad, alejándose del campamento base, para posteriormente regresar, pues no tenía otra escapatoria y solo intentó disimular su malestar tras lo ocurrido con sus compañeros científicos, actitud que mantuvo hasta que regresaron a la ciudad de Santiago”, añade el fallo.

En la resolución, el tribunal rechazó la agravante de comisión del delito en despoblado, como argumentó el Ministerio Público.

“En estos términos doctrinarios, el Ministerio Público se limitó exclusivamente al lugar de los hechos y su distancia respecto a otros puntos geográficos, las que, en efecto, resultan evidentes, tratándose de la isla Livingston; sin embargo, en el despliegue probatorio de cargo, no aparecen elementos que permitan determinar que ello agrava el hecho punible, es decir, alguna circunstancia que facilitara al delincuente buscar o aprovechar la soledad del lugar para delinquir, pensando en algún sitio donde seguramente no pudiera ser visto o se facilitara la falta de auxilio a la víctima, más aún cuando en ese lugar había otras personas presentes”, sostiene la resolución.

Para el tribunal, “la presencia de terceros modifica significativamente el contexto, ya que puede influir en la percepción del agresor sobre la vulnerabilidad de la víctima y en su oportunidad de actuar y no necesariamente genera las mismas condiciones de inseguridad o riesgo para la víctima que un lugar aislado, es decir, sin otras personas”.

“Por consiguiente, la simple referencia al lugar y distancia a otros puntos de referencia geográfica no se estima suficiente para configurar la agravante, sin considerar que además estaban presentes otras personas, lo que implica que no es posible afirmar que el agresor tenía pleno conocimiento o intención de aprovechar una circunstancia que aumentara la peligrosidad del acto”, releva.

“En conclusión –ahonda–, la circunstancia objetiva del lugar, sin un análisis de la posible influencia de la presencia de otras personas –al interior de otra carpa, a metros de él–, ni del conocimiento del agresor sobre dichas circunstancias, resulta absolutamente insuficiente para justificar la configuración de dicha agravante en este caso concreto”.

Además, en la causa, el tribunal acogió la media prescripción alegada por la defensa de Gallardo Cerda al considerar que ha transcurrido más de la mitad del plazo entre la ocurrencia de los hechos y la formalización de la investigación.

“En este caso –explica–, el hecho no prescrito por el que se ha decidido condenar es de 24 de febrero de 2019, y la formalización de la investigación se produjo el 2 de agosto de 2024, por lo que transcurrió más de 5 años, y por ende tiempo suficiente para tener por cumplido el plazo legal de media prescripción que contempla la norma, en atención a que, por la extensión de la pena, en abstracto, que corresponde al delito por el cual se condenará, el plazo de prescripción es el de 10 años”.

“Además, con la información aportada por el Ministerio Público, en relación con la ausencia de anotaciones penales previas del acusado, es posible colegir que no se ha interrumpido este plazo por la comisión de nuevo delito, por lo que todos estos antecedentes y hechos permiten entender que concurren los requisitos legales en la especie, y corresponde acoger la solicitud de la defensa”, concluye.

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