• La acción legal apunta tanto al Presidente de la República, Gabriel Boric, la Ministra del Interior, Carolina Tohá y el Subsecretario, Manuel Monsalve, debido al incumplimiento del Estado de Derecho, más la ausencia de medidas y herramientas a la policías para poder enfrentar los actos terroristas.
“No brindar vehículos blindados a las policías para actuar en la zona; no otorgar la preparación necesaria para hacer frente al terrorismo existente en la zona; ausencia de equipamiento y armamento necesario para tener proporción en fuerzas; no impulsar Reglas de uso de la fuerza coherente; no haber declarado Estado de Sitio a sabiendas de la conmoción interior existente en la zona”, son algunos de los argumentos que esgrimió el abogado Raimundo Palamara para presentar una denuncia en el Tribunal de Garantía de Cañeta, por el delito omisivo de homicidio, en el marco del atentado terrorista contra los carabineros Carlos José Cisternas Navarro, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Misael Magdiel Vidal Cid, quienes fallecieron tras un brutal ataque con armas de fuego y posterior calcinamiento del vehículo con ellos dentro.
A esto se suma el incumplimiento del Estado de Derecho en la zona, por lo que la acción legal apunta al Presidente de la República Gabriel Boric, la Ministra del Interior, Carolina Tohá y el Subsecretario, Manuel Monsalves.
La denuncia fue acogida a tramitación por el Tribunal de Cañete, remitiéndolo al Ministerio Público para iniciar la investigación respectiva.
“Todo el país sabe de la existencia de asociaciones armadas en el lugar de la ocurrencia de los hechos y los atentados terroristas se han sucedido una y otra vez, sin que el Gobierno haya tomado las medidas que por Ley se establecen. No existe Estado de Derecho en la macro-zona sur, y sobre todo en el triángulo que componen las comunas de Cañete, Tirúa y Traiguén. por lo tanto, todo esto se pudo prever y sobre todo, tan vez haber evitado esta tragedia tan grande para el país”, complementó el abogado Raimundo Palamara.
El profesional explicó que el artículo 6º, establece claramente que Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
Además, recordó que el artículo 22 inciso 2, indica que las autoridades “tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena, lo cual corresponde al Gobierno y la administración del Estado.