por Nicolás Cerda Diez Psicólogo – Coach
En Chile, la salud y los servicios de atención médica son temas recurrentes de conversación. A nivel sudamericano, nuestro país es reconocido por ofrecer servicios médicos de calidad que atraen a pacientes de países vecinos en busca de tratamiento. A pesar de nuestros avances en tecnología médica y prestaciones de salud, existe una marcada disparidad entre el sistema público (Fonasa) y el privado (ISAPRES). Inicialmente se intentó reducir esta brecha mediante aseguradoras que permitían a los cotizantes elegir entre ambos sistemas con la posibilidad de pagar una diferencia (copago) por un mejor servicio de atención médica.
En sus primeros años, este sistema funcionó eficazmente y atrajo a numerosos cotizantes del sistema público hacia el privado. Según datos del Ministerio de Salud, entre 2010 y 2015, un 35% más de chilenos optaron por ISAPRES en lugar de Fonasa, lo que resultó en un aumento de proveedores y mejoras temporales en las estadísticas de mortalidad relacionadas con tratamientos médicos.
Un elemento crucial en esta compleja tormenta que azota al sistema de salud chileno es la presión histórica ejercida sobre administraciones anteriores. Esta presión buscó asegurar que los prestadores privados de salud atendieran a los pacientes inscritos en Fonasa, al mismo tiempo que se abría Fonasa a la posibilidad de elegir libremente proveedores de salud privados, a cambio de un copago a cargo del afiliado. Este esquema, particularmente adoptado por trabajadores de clase media, quienes frecuentemente cuentan con el respaldo de seguros colectivos de salud proporcionados por sus empleadores, representaba una mezcla válida en el sistema. Sin embargo, el verdadero problema emerge en los retrasos de los pagos y en las múltiples condiciones o barreras que el sistema público impone, provocando así una dilación en los pagos a los proveedores privados. Esta situación conduce a un inevitable aumento en los costos, una carga que, en demasiadas ocasiones, recae injustamente sobre los hombros de los afiliados a los sistemas privados.
Sin embargo, a medida que el sistema creció, surgieron regulaciones defectuosas y falta de límites claros. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2015 y 2020, el costo promedio de los planes de ISAPRES aumentó en un 60%, superando ampliamente la inflación en el mismo período. Esta disparidad se tradujo en que muchas instituciones privadas aumentaran desproporcionadamente los precios de los servicios médicos, generando un alza en las primas de los cotizantes del sistema privado.
La reacción de los usuarios fue evidente y se reflejó en acciones legales para revertir estos incrementos. En 2022, investigaciones revelaron que algunas ISAPRES aplicaban aumentos injustificados en las primas de sus afiliados, llegando a superar el 80% en un solo año. Esto generó una gran conmoción en la opinión pública y una oleada de demandas judiciales por parte de los afectados.
Aunque la medida de restituir los aumentos ilegales puede parecer justa, se ha convertido en una trampa mortal para el sistema. El gobierno, con una posición ideológica marcada, no ofrece alternativas de pago a las ISAPRES, lo que las lleva prácticamente a la quiebra. Según el Banco Central de Chile, la situación financiera de las ISAPRES se ha deteriorado significativamente, con pérdidas acumuladas que superan los 1.500 millones de dólares.
Panorama se sigue agravando
La situación se agrava aún más con recientes fallos judiciales que han determinado que las ISAPRES deben devolver aproximadamente 1.400 millones de dólares a sus afiliados, comenzando a partir de enero. Este reembolso masivo, dictado por la justicia, pone a muchas de estas instituciones al borde de la insolvencia o incluso la quiebra. Ya estamos presenciando las primeras señales de este colapso: dos ISAPRES destacadas, Banmédica y Vida Tres, se han retirado de la Asociación de ISAPRES. Además, Cruz Blanca ha enviado un comunicado alarmante, explicando que no será capaz de cubrir todas sus prestaciones y convenios, revelando así la profundidad de la crisis.
Esta crisis potencial en las ISAPRES tiene consecuencias alarmantes. Si las ISAPRES llegaran a quebrar, aproximadamente 3 millones de usuarios tendrían que migrar a Fonasa, lo que colapsaría momentáneamente el sistema. La masiva incorporación de nuevos usuarios al ya sobrecargado sistema público de salud agravaría las deficiencias existentes y podría desencadenar un colapso temporal en la capacidad de Fonasa para proporcionar servicios adecuados. Este escenario plantea un desafío monumental tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios de salud, poniendo en riesgo la calidad y la eficiencia del cuidado de la salud en el país.
La situación se complica aún más al considerar la deuda pública con el sistema privado, que asciende a 425 mil millones. A su vez, las ISAPRES deben 652.861 mil millones a los prestadores privados, creando un gran problema de flujo de caja. Este entramado financiero ha desencadenado una tormenta perfecta en el sector de la salud. El gobierno, a través de su ministro de Economía, ha intentado mitigar la situación adelantando el indicador del costo de la salud (ICSA), que normalmente se entrega en junio, para que entre en vigencia en abril. Esta medida busca dar a las ISAPRES la posibilidad de reajustarse y evitar caer en insolvencia.
Sin embargo, las consecuencias de esta crisis son inmensas y amenazan con generar un efecto dominó en todo el sistema de salud. Los prestadores medianos y pequeños podrían quedar en insolvencia e irse a quiebra, el sistema público está al borde del colapso, y el sistema privado enfrenta un inevitable encarecimiento. El impacto en la calidad y accesibilidad de los servicios de salud es incalculable, poniendo en riesgo la salud y bienestar de millones de chilenos.