• El Core considera que el uso de esta tecnología debería ser extensiva a todos los centros penitenciarios locales, sobre todo de las zonas del interior, donde las estafas y engaños han aumentado considerablemente con llamados desde el interior de las cárceles.
Según datos de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, cerca del 90% de los delitos informáticos, llamados por «secuestros» y estafas telefónicas se generan desde el interior de las cárceles de nuestro país.
Por eso, que desde el Consejo Regional de Valparaíso, ven con buenos ojos la opción de entregar fondos para la compra de inhibidores de señal, petición que nació desde Gendarmería, quien planteó la necesidad de habilitar esta tecnología, que permitiría inutilizar móviles que los internos tengan en su poder y evitar estafas.
Inicialmente se buscaría implementar en la Cárcel de Valparaíso, sin embargo, para el Consejero Regional, Christián Macaya, esta medida debería ser implementada en todos recintos penitenciarios de la región, sobre todo en lo ubicados en la zona del interior o comunas más pequeñas, donde los vecinos y adultos mayores, están siendo engañados de manera mucho más fácil, debido a la falta de información sobre este tipo de delitos.
«Es cierto que debemos estudiar la factibilidad financiera y analizar los fondos que se pueden entregar, pero siempre pensamos en Valparaíso o las grandes ciudades. Este es un problema que afecta a todas las comunidades y en especial aquellas más apartadas, donde los antisociales que están dentro de las cárceles utilizan los teléfonos celulares para llamar a personas humildes, familias y personas de más edad, que a veces no tienen mucha información sobre los delitos que se están generando y pueden ser estafados de manera mucho más fácil», indicó el Core Macaya.
Agregó que en este tema, también se deben dar señales de descentralización intrarregional y hacer un esfuerzo por cubrir otros recintos distribuidos por la región y no sólo en la capital regional.
Cabe recordar que además, esta semana la cámara de diputados aprobó un proyecto de Ley que establece penas para quienes tengan en su poder celulares o elementos que permita a los reclusos tener contacto con el exterior de los recintos penales.