Los parlamentarios oficialistas Gonzalo Fuenzalida (RN) y Cristián Labbé presentaron un proyecto de reforma constitucional que establece la conectividad a Internet como un derecho básico garantizado por el Estado. La iniciativa, cuya tramitación comenzará -próximamente en el Congreso-, pretende hacer efectiva la medida a través de dos modificaciones al artículo 19 de la Carta Magna.
La propuesta busca que el derecho a la educación comprenda el deber del Estado de “asegurar el acceso libre y seguro a Internet de los estudiantes de educación básica y media”. Mientras que un segundo cambio, apunta al rol del Estado de “procurar todas las medidas que permitan garantizar la conectividad de los habitantes a la información digital”.
“Esta reforma constitucional es necesaria para asegurar la conectividad de las personas y el acceso libre y seguro a la información digital contenida en Internet, esencialmente, tratándose de alumnos de educación básica y media que se están formando a nivel intelectual y que requieren de todos los medios tecnológicos adecuados para desarrollar y desplegar sus habilidades y capacidades, comprender las dinámicas y desafíos del mundo digital e insertarse en un mundo hiperconectado y globalizado”, explicó Gonzalo Fuenzalida.
De acuerdo a Fuenzalida, la propuesta legislativa asegura el libre acceso a la información como un elemento esencial para el bienestar del régimen democrático y el control de la actividad gubernamental. Esto último, dijo el legislador oficialista, promueve los principios de transparencia y probidad, los que solo adquieren real concreción en una sociedad donde los ciudadanos pueden acceder libremente a la información.
Por su parte, Cristián Labbé comentó que “la conectividad es la única manera de descentralizar y conectar a todos los chilenos. No es posible que hoy, siglo XXI, la ciudadanía aún no tenga acceso de calidad a Internet, no tengo acceso para trabajar, estudiar, emprender y libertad para buscar información, es por esto que con esta reforma buscamos que el acceso internet sea un derecho al igual que el agua, la electricidad y tanto otros derechos”.
En tanto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, manifestó que la propuesta planteada por Fuenzalida y Labbé va en la misma línea que ha trabajado el Gobierno en lo relacionado a la conectividad. “De Arica a Punta Arenas tenemos una fibra óptica, a través de la fibra óptica nacional, que va a alcanzar a tres millones de personas en más de 202 comunas de nuestro país. Con esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de la conectividad, ya sea para los niños, los estudiantes, incluso para los adultos mayores”, dijo el subsecretario de Telecomunicaciones.
Según cifras de Subtel, el 62,6% de hogares del país cuenta con una conexión de Internet fija, de las cuales el 44,8% corresponde a redes de fibra óptica. Pese al reconocido avance y la alta cobertura que existe en Chile en comparación con otros países de la región, se reconoce la necesidad de mayores esfuerzos por aumentar el acceso a Internet, sobre todo en localidades rurales y aisladas.
La iniciativa legal anunciada por Fuenzalida y Labbé ya cuenta -hasta el momento- con el respaldo transversal de la Cámara, entre ellos, los congresistas, René Saffirio (independiente), Alejandro Santana (RN), Matías Walker (DC), Maya Fernández (PS) y Marcos Ilabaca (PS).
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