Un contundente informe evacuó la Contraloría Regional de Valparaíso, luego de realizar una auditoría y examen de cuentas a los gastos realizados por la CORMUVAL, entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2019, con cargo a diferentes fondos de educación.
La auditoría reveló que tanto en el Liceo Técnico de Valparaíso como en el Liceo María Luisa Bombal, se desarrollaron actividades comerciales que nada tenían que ver con los talleres pedagógicos que deben impartir ambos establecimientos. Lo anterior, implicó que recibieron $490.649.302, proveniente de actividades irregulares, ajenas a la finalidad pública pedagógica de la Cormuval, por lo cual, la entidad fiscalizadora solicitó su suspensión inmediata. Adicionalmente, los productos y servicios elaborados en los establecimientos educacionales, entre ellos, alimentos procesados y no procesados, prendas de vestir, talonarios de boletas, pendones, diplomas, servicios de coctelería y fotocopiado, fueron vendidos a la propia CORMUVAL y a particulares.
Sin embargo, no sólo se acreditó el desarrollo de actividades ilegales al interior de estos dos liceos a cargo de CORMUVAL, cuyo responsable es el Alcalde de la I. Municipalidad de Valparaíso, también se detectó que muchos de estos servicios, especialmente los referidos a los servicios de coctelería fueron realizados por alumnos, algunos menores de edad, sin el debido permiso de sus padres. Ello fue alertado por el diputado Andrés Celis Montt, hace más de un año, cuando en mayo de 2019 denunció a Contraloría esta situación. Mismos antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Educación, a la Seremi del ramo y a Defensoría de la Niñez.
La gravedad de los hechos detectados por el ente de control, darán inicio a un juicio de cuentas, por el reparo en cerca de 900 millones de pesos y, además, el inicio de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades de los funcionarios municipales.
El informe de la Contraloría puede dividirse en tres partes: los recursos aportados por la Cormuval a ambos establecimientos educacionales, en el marco de la Ley 19.410; el uso irregular de los recursos e ingresos obtenidos por los liceos en el marco de actividades ajenas a la labor educativa; y las deficiencias y faltas de medidas de control tanto de la Cormuval como de los establecimientos en el manejo de los recursos.
Respecto al informe, el diputado Andrés Celis Montt, quien denunció los hechos hace más de un año, aseguró que “este informe confirma las gravísimas prácticas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso y en esos dos liceos, los cuales fueron utilizados como máquinas operadoras de servicios que luego vendían a la propia CORMUVAL, algo absolutamente impropio, poco probo y respecto del cual el Alcalde debe responder a la brevedad.
Di a conocer estos hechos, hace más de un año, a cuatro organismos públicos a quienes correspondía intervenir; la Contraloría, de la cual emana este completo informe, la Superintendencia de Educación, la Seremi del ramo y la Defensoría de la Niñez. Lamentablemente, la Seremi no hizo nada, sólo señaló que estos hechos eran de cargo de la Superintendencia, ésta a su vez, anunció -en ese momento- la realización de un procedimiento disciplinario, desconociendo si éste fue terminado y si se formularon cargos o no. La Contraloría dice -respecto al trabajo de menores de edad- que pondrá los hechos en conocimiento de la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, estos hechos ya los conoce, pues hace un año yo mismo los puse en su conocimiento y fue a raíz de ellos, que el organismo pidió información a Sharp y presentó una denuncia en la Fiscalía Regional de Valparaíso, sin que hasta la fecha sepamos el estado de este proceso penal”.
“Si bien el informe de Contraloría es contundente en cuanto a las infracciones legales detectadas, teniendo responsabilidad administrativa el Presidente de la CORMUVAL, esto es, el Alcalde de Valparaíso, aquí existen otros organismos que ahora urge se pronuncien, porque hace un año yo los puse en conocimiento de lo que ahora confirma la Contraloría. Así, la Superintendencia debe dar a conocer los resultados del procedimiento disciplinario que llevó a cabo, la Defensoría debe dar a conocer la información que le entregó el Alcalde y finalmente, la Fiscalía de Valparaíso debe dar a conocer los avances en la investigación penal”, finalizó el diputado.