Dirigentes regionales de ANEF solicitaron vía Ley de Transparencia a la Dirección Regional del Trabajo antecedentes para esclarecer la situación que mantendría a trabajadores sin poder acceder a los fondos entregados por AFC.
Con profunda preocupación ve el Consejo Regional de ANEF la situación que podría estar afectando a los y las trabajadores que producto de la pandemia, han debido acogerse a la Ley de Protección del Empleo a través de un pacto con el empleador que reduce temporalmente la duración de la jornada de trabajo hasta en un 50%.
Para acceder a esta reducción, es el empleador el que presenta los antecedentes y solicitud directamente a la Dirección del Trabajo para recalcular los montos y gestionar el pago del seguro de cesantía. Sin embargo, la entidad pública no ha entregado a tiempo la información, debido a que los sistemas informáticos y plataformas digitales no estarían operando correctamente para cargar en el sistema la reducción de jornada y, por tanto, modificar los porcentajes que el empleador debe seguir pagando a la Administradora del Fondo de Seguro de Cesantía (AFC) y al que el trabajador accede como reemplazo de su remuneración.
Debido a ello es que el consejo de ANEF solicitó a la Dirección Regional del Trabajo, vía Ley de Transparencia, una serie de antecedentes sobre el número de pactos de reducción de jornada que han sido informados, registrados, revocados y/o tramitados ya sea manualmente o través plataformas digitales, para esclarecer la cantidad de trabajadores afectados y que diariamente concurren al servicio a consultar por qué no han podido acceder al seguro que es pagado por la AFC.
En este sentido, Mabel Zúñiga Presidenta regional de ANEF explica que esta situación podría originarse “desde la gestión institucional, ya que la dirección del trabajo no estaría dando respuesta a los requerimientos que la propia ley obliga, y por su puesto los y las trabajadores son los que pagan el costo de esta situación”.
La dirigenta agrega que la petición se enmarca en la necesidad de asegurar las condiciones mínimas y esenciales de los trabajadores que han visto disminuidos sus ingresos y precarizado su calidad de vida debido a la crisis social y sanitaria que afecta a todo el país.