Por Héctor Sandoval.
Académico en temas de Seguridad, Administrador Superior de seguridad pública, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Máster en Seguridad Privada y Ciudadana, Magíster en prevención.
La seguridad es un tema de preocupación para todos. Hoy en día, parece que se ha vuelto una moda, con supuestos expertos y opinólogos que ofrecen posturas y soluciones que muchas veces carecen de profundidad y sustento. Sin embargo, más allá de la moda, es crucial que como sociedad reflexionemos sobre cómo enfrentar el crimen organizado de manera efectiva.
El Estado tiene la responsabilidad de mejorar la sensación de seguridad y recuperar el control de las calles en nuestros barrios. Para lograrlo, es imprescindible coordinar esfuerzos con actores clave como la seguridad privada, las municipalidades y otros organismos involucrados en la seguridad pública.
Ante la crisis actual, es necesario proponer soluciones basadas en experiencias exitosas de otros países de la región. Algunas de estas ideas incluyen, por ejemplo;
Interferir las economías del crimen organizado, para ello es fundamental atacar las finanzas y el patrimonio que sustentan al crimen organizado. Para ello, se debe fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y el rol del Servicio de Impuestos Internos, generando inteligencia que apoye los procesos investigativos de manera eficaz, de no ser así renacen estas organizaciones delictuales.
Instaurar una persecución delictual estratégica, ya que la lucha contra el crimen organizado requiere de una coordinación entre múltiples organizaciones y un ente central que pueda llevar a cabo investigaciones y monitoreo a largo plazo. Esto permitirá judicializar casos con la información adecuada. Aquí es vital contar con una inteligencia “delictual” robusta, que no debe confundirse con la labor de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Clave es combatir el lavado de activos, aunque existe un marco legal para combatir el lavado de dinero, este no se está aplicando de manera efectiva. No podemos esperar que el Ministerio Público asuma toda la carga; es necesario que otros organismos apoyen y gestionen este proceso.
No se debe perder el foco en la reducción de los delitos de alta connotación, ante la crisis de seguridad, es prioritario reducir la incidencia de crímenes como homicidios, robos y el uso de armas de fuego, esto es clave para gobernar la crisis.
Finalmente se debe actualizar la política penitenciaria, esto porque las cárceles se han convertido en incubadoras de delitos y centros de operaciones para el crimen organizado, resguardados por el estado. Es necesario reformar el sistema penitenciario, enfocado en la reinserción, y asegurar que el Estado no sea cómplice de perpetuar el ciclo delictual al no contratar a ex reclusos. La corrupción en el sistema penitenciario es un tema delicado que no puede ser ignorado.
La reclusión, hoy es abrir un portafolio de contactos y negocios futuros y actuales, el mejor ejemplo el caso de brinks en Rancagua.
Fortalecer la seguridad fronteriza, el control de nuestras fronteras es vital para frenar el flujo de armas y personas con antecedentes desconocidos. Es inaceptable que en Chile, un país que no produce armas en grandes cantidades, estas sigan entrando de manera ilegal por aire, mar y tierra.
En asentamientos precarios y territorios dominados por bandas criminales, estas organizaciones actúan como sustitutos del Estado, imponiendo sus normas y controlando el territorio. Es urgente que el Estado recupere su presencia en estos lugares, independientemente de su situación legal, por ello la prevención situacional es relevante.
Si bien la compra de armas legales implica un riguroso proceso, los delincuentes parecen tener acceso fácil a ellas. Es necesario intensificar el control, pues hoy se pasó la responsabilidad a Carabineros, por parte de la Dirección de Movilización Nacional, como si faltaran tareas por hacer a la Policía.
Y finalmente, la seguridad requiere continuidad, proyección, control y planificación estratégica, lo cual solo puede lograrse con una institución que trascienda los cambios de gobierno. La coordinación territorial es clave; las sesiones de análisis criminal deben involucrar a todos los actores relevantes: Ministerio Público, Aduanas, Unidad de Análisis Financiero, Impuestos Internos, Gendarmería, municipios, vecinos y ambas policías. Ninguno de estos actores puede desentenderse de su responsabilidad.
La situación actual de nuestro país refleja la urgencia de implementar estas medidas, que no deben quedarse en meras recomendaciones, sino en un verdadero plan de acción para enfrentar y superar el crimen organizado en Chile.
El crimen organizado en Chile es mas que una buena serie de Amazon.