por René Roblero, Periodismo UVM.
La reciente aprobación en el Congreso del proyecto de ley corta, que permite a las isapres pagar su deuda de más de 1.500 millones de dólares, en hasta 13 años, ha sido vista con muy malos ojos por los ciudadanos de Valparaíso, pues, entre otras cosas, no se habría respetado el principio de separación de poderes.
La principal crítica de los ciudadanos es que -aparentemente- no se respetó el principio de separación de poderes. El hecho de que tanto el poder legislativo, como el ejecutivo, se inmiscuyesen en el trabajo del poder judicial, ha generado críticas hacia La Moneda y el Congreso nacional.
“Este Congreso, débil y malo, está incumpliendo en definitiva lo que el tribunal superior de justicia de nuestro país, la Corte Suprema, en este caso resolvió. Están cometiendo un error. No debiesen porqué inmiscuirse en un fallo, cuando condenan a una persona común y corriente, la persona afectada no recurre al Congreso para que se revise el fallo”, afirmó Andrés Roldan, abogado.
Con lo anterior concuerda Roberto, peatón viñamarino, quien además cree que esta situación podría fácilmente haberse evitado. Opinó qué “no hubiese existido este problema si es que hubiesen respetado el fallo del tribunal constitucional del año 2010, cuando se señaló que no se podían hacer estos cobros -por tabla de factores- indebidos. Creo que no hubo respeto a una decisión de un máximo tribunal”.
Las críticas, más allá de ir dirigidas a las isapres, se centran en la actitud de las autoridades políticas, pues la ciudadanía no da crédito que existiese la posibilidad de que estas entrasen en insolvencia económica.
«Hay que cumplir el fallo»
“Si la Corte Suprema emitió un fallo, hay que cumplirlo, y no puede salir el mundo político a salvarlos. Es él colmó de lo que pasa en este país. No creo -que las isapres quebrasen- imposible. Ese es el miedo que le meten a los chilenos siempre”, aseguró Mario Jara, ciudadano de la Región de Valparaíso.
Un aspecto que llamó mucho la atención del proyecto de ley corta es la cantidad de tiempo que dispondrán las aseguradoras privadas de salud para pagar su deuda. Si bien las isapres, no podrán retirar utilidades hasta que no se pague el total de la deuda, los menores de 65 años, al menos, podrían tener que esperar hasta 13 años para que se les pagase.
“Para mí es mucho tiempo, para las isapres que ganan sus lucas, entonces el que jode siempre somos nosotros. El plazo -de 13 años- es una exageración. No creo tanto el miedo a un colapso. Si tenía que haber colapsado, tendría que haber sido hace mucho tiempo”, declaró Mario, peatón porteño.
De todas maneras, el proceso legal que debe seguir todo proyecto de ley corta aún no está finalizado. Distintas organizaciones, tanto del mundo civil, como el mundo político independiente, han anunciado diferentes acciones, las importantes, orientadas a impugnar la decisión del Congreso.