Una nueva arista de los “Pandora Papers” se dio a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en donde el nombre del presidente Sebastián Piñera salió a la palestra. En el reportaje, se reveló que las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.
Conocidas por ser un paraíso fiscal, este hecho generó un verdadero remezón político, con algunos parlamentarios pensando en una acusación constitucional y con el mandatario saliendo a dar explicaciones. “La decisión de vender la minera Dominga no me fue consultada ni informada”, se defendió Piñera.
Para Pamela Figueroa, politóloga y académica de la Usach, esto “resulta muy dañino para la situación que vive la sociedad mundial en estos tiempos”. En ese sentido, apuntó su carácter de “gravedad” tanto para el gobierno chileno y el rol del presidente Piñera, como a nivel de impacto en todo el mundo.
Consultada sobre una posible acusación constitucional, Figueroa sostuvo “que hay que estudiar bien el detalle, porque sería por conflicto de intereses, más que por hacer solamente transacciones a un paraíso fiscal”. “Es algo que deben investigar bien los parlamentarios”, cerró.
Frente a la gran cantidad de preguntas que no han sido bien contestadas en relación a los Pandora Papers, durante este martes se acrecentó la presión para que se concretara una acusación constitucional contra el presidente de la República, decisión que finalmente se tomó y anunció al caer la tarde. De esta forma, la máxima autoridad del país deberá enfrentar a meses de terminar su mandato un escenario que va desde la absolución a la destitución, este último escenario inédito en nuestra historia institucional.