Fuente: www.colegiodeperiodistas.cl FOTO Agencia EFE/Alberto Valdés
Luego de la confirmación que la estación televisiva La Red recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CINDH) de la OEA para entregar antecedentes sobre el llamado telefónico recibido desde La Moneda por la entrevista realizada al ex integrante del FPMR, Mauricio Hernández Norambuena; se evidenció una molestia generalizada en la sociedad chilena respecto a las prácticas recurrentes que existen entre quienes conducen el gobierno y algunos medios de comunicación. De hecho, semanas posteriores al estallido social en Chile, el pasado 18 de octubre de 2019, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con directores de varios canales de televisión. Esta señal, que aparentemente no tuvo una intención de censura, fue una de las primeras situaciones irregulares que detonaron la frágil posición que vive el periodismo en el país.
Tras la llamada a La Red, su dueño, Ángel González, tomó la decisión de acudir a un organismo internacional para sentar el precedente de que los llamados y peticiones a los medios de comunicación de parte de quienes ejercen el poder deben ser rechazados y denunciados públicamente.
VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA
El Colegio de Periodistas de Chile ha insistido en las reiteradas vulneraciones de las cuáles han sido víctimas los trabajadores y trabajadoras de la prensa y las comunicaciones desde el estallido social, las que han ido en un preocupante escalda, pasando por agresiones, acciones violentas, tortura sexual, censura y espionaje. Todo esto lleva a asegurar que, la libertad de expresión, como derecho humano fundamental, está en peligro. Ya entre el 18 de octubre de 2019 y enero de 2021, el Equipo de Veedores por el Derecho a la Comunicación del Colegio de Periodistas registró cerca de 100 casos de atropellos a la prensa en el contexto de las movilizaciones sociales, los cuales fueron perpetrados por agentes del Estado y no fueron condenados por las autoridades políticas en ningún espacio mediático. Por otra parte, según las cifras del Observatorio por el Derecho a la Comunicación (ODC), entre enero y marzo de 2021 se contabilizaron 60 casos de coerción violenta en contra de la prensa: 22 detenciones y 38 agresiones. En tan solo tres meses, se han superado en 50% lo registros de 2020, lo que refleja una tendencia negativa en contra de las y los profesionales de la prensa y las comunicaciones que tienen la importante misión de dar a conocer lo que pasa en el territorio.
INFORMACIÓN EN PANDEMIA
Otra situación cuestionable, que se suma a la larga lista de desaciertos del Ejecutivo en materia de derecho a la información, fue la instrucción entregada vía WhatsApp a directores y directoras de servicios de salud públicos, solicitando no entregar datos calificados como sensibles, evitando así que la ciudadanía acceda a información oportuna y veraz. Lo que se agrega a los datos entregados por el Consejo Por la Transparencia al detectar la falta de cumplimiento de la ley por parte del Minsal respecto a la entrega de información pública. El rol de la prensa es clave en un contexto de máxima vulneración social y sanitaria. Por eso, resulta incomprensible que el “Plan Paso a Paso” haya limitado aún más el desplazamiento de periodistas y profesionales de la prensa y las comunicaciones a lo largo del país, exigiendo documentación innecesaria para efectos laborales.
DECLARACIONES IMPRESENTABLES
Las y los periodistas tienen como imperativo ético y profesional interpelar al poder, buscar respuestas, buscar la verdad y respetar los Derechos Humanos. La formación profesional permite aplicar criterios para jerarquizar las noticias y evaluar su pertinencia, y en ningún caso esas decisiones están cimentadas en un afán personal o antojadizo. Por ello, los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris frente al trabajo de las periodistas Pascale Bonnefoy (The New York Times) y Yasna Mussa (Washington Post), a quienes acusó de “mentir” y “querer perjudicar” las gestiones de la actual administración de Gobierno en relación al manejo de la pandemia, resultan impresentables. Resulta positiva alegramos la contundente respuesta que recibió el titular de Salud desde la Asociación de Corresponsales de la Prensa, a la que se sumó el Colegio de Periodistas, ya que todo lo que se publica con motivo de la crisis sanitaria, además de representar un deber, se hace en un marco de respeto por la libertad de expresión y de opinión, con responsabilidad, ética y profesionalismo.
#INFORMARNOESDELITO
Es lamentable que los atropellos contra la prensa en Chile continúen la senda heredada de la Dictadura. Lo último en el país, constituye una cadena de errores ocurridos a vista e impunidad de las máximas autoridades. Una muestra de esto es la investigación periodística de CIPER, mediante la cual se conoció el documento que muestra cómo el Ejército de Chile engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel. Posteriormente, y en ese mismo medio, en el marco de la investigación del Ministerio Público por ese caso, se dio a conocer que la Institución Castrense monitoreó a otros cuatro periodistas, quienes coincidentemente investigaban casos del Ejército y de derechos humanos. El silencio de La Moneda ha sido vergonzoso, aun cuándo distintos organismos nacionales e internacionales han alertado sobre los riesgos de este escenario.
Para el Presidente Nacional del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, la reflexión ante las vulneraciones hacia la prensa debe ser una prioridad en la agenda: “Nos preocupa la situación que vive el periodismo en Chile. Estamos convencidos como Orden profesional que debe ser de interés general de toda la ciudadanía la fragilidad que experimenta actualmente nuestra democracia. Por ello, hacemos un enfático llamado a los diferentes sectores y actores políticos, y a los y las representantes de la sociedad civil a unirse, denunciar y defender la democracia y la libertad de expresión en nuestro país”, concluyó Ahumada.
Pero esta situación no sólo ha ocurrido cuando se investigan grandes casos de interés público, sino que también en contextos más domésticos, ya que muchos dirigentes y dirigentas han sido víctimas de intervenciones en sus teléfonos celulares y redes sociales a lo largo del país.
Mientras la ciudadanía y los periodistas afectados esperaban alguna acción concreta que cuestionara estas prácticas, o en el mejor de los casos, las rechazara, este domingo 18 de abril tres ramas de las Fuerzas Armadas se organizaron y orquestaron un comunicado público –que fue respaldado incluso por el Ministro de Defensa- interpelando al Canal La Red por una rutina de humor político que involucró al Ejército. La institución militar, junto con evadir su responsabilidad ante los cuestionamientos, cometió un segundo error, pues deliberó sobre asuntos públicos que se encuentran muy por sobre ella en la línea jerárquica.
Para visibilizar y condenar con fuerza estos hechos, desde el Colegio de Periodistas de Chile se levantó la campaña #InformarNoEsDelito; además de realizar alianzas con organismos de derechos humanos para frenar estos abusos.