Un total de 9 de cada 10 solicitudes de ayuda que ingresan al Departamento Social de la Gobernación Provincial de Marga Marga corresponden a peticiones otorgadas a mujeres, lo cual demuestra el consistente apoyo de la institución para el género, según orientaciones emanadas desde el Gobierno que encabeza el Presidente Sebastián Piñera.
Así lo comunicó la gobernadora provincial de Marga Marga, María Carolina Corti, quien indicó que las cifras se advierten tras revisar los beneficios sociales otorgados en los meses de marzo y abril de este año.
“En la temática de género, de las solicitudes atendidas y aprobadas en este periodo en la Gobernación Provincial de Marga Marga, el 87% del total corresponde a beneficios tramitados por mujeres y solamente el 13% por varones, lo cual de alguna manera da cuenta de que son las mujeres quienes principalmente se acercan a buscar soluciones, aportes y ayudas frente a situaciones complejas vividas por sus familias”.
La jefa provincial indicó además que, en el mismo periodo, el Fondo Orasmi del Ministerio del Interior tramitó y aprobó beneficios sociales para 45 familias, provenientes de las cuatro comunas de la provincia: Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.
En tanto, desde el Departamento Social de la Gobernación de Marga Marga, el encargado del Programa Orasmi, Daniel Mena, indicó que el área Vivienda es la que concentra las solicitudes, seguido por Salud y Educación.
“Entre las dimensiones que aborda el programa, están las relacionadas con la Promoción Social entendida como aquellos beneficios que generan cambios sustanciales en la vida de las familias. Y en este contexto, las áreas con mayor demanda en la provincia de Marga Marga son las de Vivienda, Salud y Educación. Mientras que el área de Vivienda registra 25 solicitudes de ayuda, Salud 18 y Educación 2”.
Cabe señalar que el Fondo Orasmi (Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública) tiene como fin contribuir a disminuir las situaciones de vulnerabilidad transitoria que se dan por la incapacidad de las personas y familias de asumir los costos económicos de ciertas situaciones del entorno, fortaleciendo así la cobertura de la acción social del Estado.