El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota condenó hoy –miércoles 4 de abril– a Cynthia Lorena Marín Vera a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de fraude al fisco. Ilícito perpetrado el 4 de octubre y 26 de noviembre de 2012, en la comuna de Limache.
En fallo unánime (causa rol 196-2017), el tribunal –integrado por los magistrados Camilo Obrador Castro (presidente), Verónica Rivera González y Williams Vilches Flores (redactor)– aplicó, además, a Marín Vera las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa equivalente al 10% del perjuicio causado y las costas del juicio.
En la causa, el tribunal también condenó a Catherine Irene Carrasco Saavedra a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, más accesorias legales, en calidad de cómplice.
En el aspecto civil, el tribunal acogió la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, y condena a Marín Vera y Carrasco Saavedra a pagar al Gobierno Regional de Valparaíso una indemnización de perjuicios igual al monto defraudado: $36.997.980 (treinta y seis millones novecientos noventa y siete mil pesos novecientos ochenta pesos).
El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que durante 2012, Cynthia Marín Vera, como funcionaria a contrata asimilada al estamento profesional, grado 8°, se desempeñaba «en la Gobernación Provincial de Valparaíso, en el marco de las funciones relativas a la vinculación con diversas organizaciones comunitarias funcionales y territoriales».
Posteriormente, Marín Vera resultó electa concejal de la Municipalidad de Limache en la elección del 28 de octubre de 2012; cargo en el cual, actuando con infracción a los deberes funcionarios, «en lo que respecta al deber de probidad que le obliga a velar por la adecuada inversión social de los recursos públicos», se concertó con Catherine Carrasco Saavedra, con el fin de obtener el pago de asignaciones o subvenciones por parte del Gobierno Regional de Valparaíso -GORE-, «mediante la postulación de proyectos fraudulentos, los cuales, o no se ejecutaron, o sólo consistieron en algunas escasas actividades, que no se condecían en modo alguno con el objeto y envergadura de tales proyectos; hechas para aparentar su correcta y completa ejecución».
De este modo, las condenadas presentaron «dos proyectos en el marco del concurso de financiamiento público para iniciativas de seguridad ciudadana, denominados: «Más seguridad mejores alumnos», por el monto de $16.998.990; y «Limache más seguro» por $19.998.990.
Al momento de rendir las cuentas por los montos asignados, Carrasco Saavedra presentó facturas emitidas por empresas que nunca prestaron los servicios consignados como proveedoras de los proyectos no ejecutados o mínimamente ejecutados. Maniobras que provocaron a las arcas del Gobierno Regional de Valparaíso y al Estado de Chile un perjuicio ascendente a $36.997.980.